Somos un grupo multidisciplinario de profesionales del ambiente que trabajamos en la conservación y manejo de los recursos naturales, con años de trayectoria en el campo nicaragüense. Tenemos independencia de criterio, una sólida base técnica – profesional que nos permite analizar de forma objetiva la crisis ambiental que enfrenta Nicaragua, y por tanto, con una visión de largo plazo nos permitimos hacer este planteamiento técnico con recomendaciones para el Estado de Nicaragua, el sector privado, la Cooperación Internacional y la Sociedad Civil nicaragüense. 
Cuál es el Problema?
La situación ambiental actual del país se ha venido agravando progresivamente como consecuencia de más de 50 años de falta de visión integral y holística en la planificación del territorio nacional. Las diferentes visiones que han existido en el país, no han tenido un horizonte mayor que el propio período electoral, de manera que los planes elaborados por un gobierno, son borrados con el cambio de gobierno en el período siguiente. Esta falta de visión de país a largo plazo, ha provocado una dispersión, desintegración y debilidad de las instituciones del Estado, las cuales actúan en ámbitos limitados con muy poca, o nula interacción con otras instituciones públicas complementarias.
Bajo esta corta imagen de gestión ¨sectorial¨ se han creado intereses económicos que, en el marco de una economía nacional y un concepto de desarrollo económico insostenible, solamente contribuyen a acelerar el proceso de degradación ambiental nacional, y con ello a aumentar la vulnerabilidad socioeconómica del país. Bajo este concepto sectorial, se ha limitado y minimizado la gestión del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales a todos aquellos recursos naturales que no tienen valor de mercado, sin considerar los importantes y necesarios aportes que éstos tienen a la economía nacional a través de la generación de distintos bienes y servicios como la captación e infiltración del agua, la fertilidad de los suelos, regulación climática, la polinización de los cultivos, reducción de la erosión, provisión de alimentos, entre otros. Los principales rubros económicos que produce el país tienen su base productiva en los recursos naturales, y dependen de éstos para poder continuar desarrollándose; sin embargo, producto de la desarticulación en la gestión sectorial, el crecimiento de cualquiera de estos rubros económicos atenta contra la conservación de los recursos mismos, y los servicios auto requeridos, casi como considerando que los recursos naturales son inagotables: el incremento de la ganadería y la agricultura aumentan la tasa de pérdida de bosque, así como también la contaminación de los cuerpos de agua, y la erosión de los suelos. Como agravante, la población nicaragüense crece rápidamente y la forma de asentarse en el territorio carece completamente de una orientación nacional que permita manejar los riesgos y la vulnerabilidad socio ambiental, así como también reducir los impactos negativos de estas nuevas poblaciones a los recursos naturales y los servicios ambientales. Todo esto, en un contexto de variabilidad y cambio de los patrones tradicionales del clima, que acentúa la urgente necesidad de ordenar los usos del suelo en el territorio nacional, considerando como prioridad la gestión adecuada del patrimonio natural existente, y la recuperación del mismo en áreas que lo ameriten. Como consecuencia, Nicaragua vive en un desorden territorial en el que los intereses económicos prevalecen sobre los intereses de nación, y los vaivenes políticos dejan amplios márgenes para la intensificada degradación ambiental del país. Nicaragua, 40 Años de Perdida
40 Años de Crecientes Impactos
Causas
En gran medida esta situación es producto de un modelo económico no sostenible, que no valora los bienes y servicios ambientales producidos por los ecosistemas terrestres y marinos más allá del precio de mercado. Este modelo se ha visto reflejado en políticas económicas nacionales que comprometen la posibilidad de lograr una Nicaragua próspera, sana, productiva, en un ambiente equilibrado que asegure las mínimas condiciones socio ambientales para la población que existirá en el territorio dentro de 50 años o más.
Evidentemente este proceso de deterioro ambiental del país se ha agudizado con el paso del tiempo y el crecimiento poblacional, en un clima cada vez menos predecible. La tendencia previsible no nos lleva a mejorar, sino por el contrario, podemos afirmar que la situación irá agudizándose y empeorando año con año. Para lograr realmente una desaceleración del proceso de degradación ambiental de Nicaragua deben ocurrir cambios importantes en diferentes ámbitos geográficos, y en el mismo sistema económico – institucional del país, así como en los valores de la sociedad. Mientras estos cambios no ocurran, la mayoría de las iniciativas que se impulsen desde el Estado, desde la sociedad civil, la cooperación internacional y el sector privado, no serán más que eso: iniciativas sin sostenibilidad. Qué Hacer?
Con ánimo de aportar a este proceso de desaceleración, desde nuestra visión técnica y científica, nos hemos permitido hacer una reflexión que pretende fomentar la reflexión y el debate sobre cómo mejorar la gestión del territorio nacional, y cómo abonar a una visión de país de auto sostenible y menos vulnerable largo plazo. En este sentido, creemos de vital importancia y urgencia los siguientes:
1.- Es necesario definir una visión de país, de no menos de 50 años, que sea adoptada, implementada, respaldada y empujada por todos los gobiernos venideros y los diferentes sectores de la sociedad civil, en donde la conservación de las fuentes y reservas de agua de agua, sea una Prioridad Nacional.
2.- Dentro de la visión de largo plazo, es necesario establecer un orden nacional del territorio que permita utilizar de la manera más inteligente (climática y socioeconómicamente), las ofertas y restricciones que poseen los diferentes territorios del país. El uso productivo del territorio no debe conllevar la pérdida de recursos naturales y servicios ambientales. 3.- Las Áreas Protegidas deben ser respetadas y sus planes de manejo deben ser implementados. Es necesario proteger, como mandan las leyes vigentes, TODAS las áreas protegidas del país, no solo por su singularidad, belleza escénica y riqueza biológica, sino también por la importancia que éstas tienen sobre la economía y el clima, por sus aportes a la producción de agua, a la reducción de la vulnerabilidad, y sus aportes a la producción y al turismo. Las Áreas Protegidas son además productoras de polinizadores, y son capaces de absorber inundaciones y otros eventos extremos, los que por el calentamiento global, son cada vez más recurrentes y de mayor magnitud en nuestro país. Se deben reforzar todas las capacidades gubernamentales para asegurar la protección y el manejo adecuado de las áreas protegidas, así como también fomentar el trabajo social en las áreas protegidas, involucrando a todos los sectores de la sociedad, los profesionales ambientales, canalizar recursos de la cooperación internacional para hacer frente a las múltiples necesidades, y estrechar coordinaciones con sectores productivos y el sector privado para desincentivar la producción, comercio y exportación de productos que en su proceso atenten contra la conservación de los recursos naturales, el agua o los servicios ambientales que las áreas protegidas nos prestan. 4.- Se debe integrar la gestión de las diferentes instituciones del Estado, procurando complementariedad en la implementación de políticas multisectoriales que permitan avanzar hacia una visión de país de largo plazo (punto 1). Debe existir la coordinación, cooperación, asistencia y apoyo entre las diferentes instituciones públicas, teniendo como prioridad la conservación del agua para el consumo humano, para que verdaderamente se logre desacelerar el proceso de degradación ambiental del país. Además, es necesario romper con el esquema de cobro por servicios que ofrecen algunas instituciones gubernamentales, ya que se desvirtúa el papel regulador de las instituciones públicas. Creemos que es necesario una reestructuración de las instituciones gubernamentales, para que las competencias de regulación del uso de los recursos naturales y el territorio no coincida con los intereses de generar ingresos por la venta de permisos, concesiones o derechos de uso de ciertos recursos naturales como la madera – la leña (INAFOR), el agua (ANA), los minerales (MEM) y la pesca (INPESCA). Las instituciones del Estado con competencia en temas ambientales y de manejo de recursos naturales deben tener al frente profesionales con formación y experiencia comprobada en sus ámbitos. Los funcionarios deben asumir que las decisiones técnicas típicas de sus puestos con llevan una gran responsabilidad para con el patrimonio nacional de TODOS los nicaragüenses. El personal de éstas instituciones desde el nivel superior hasta el nivel de campo, debe ser contratado en primera instancia por sus competencias técnicas, profesionales y valores éticos y morales; debe recibir entrenamiento, capacitación y supervisión, y no ser contratados únicamente por razones políticas. Se debe asegurar que la Procuraduría Ambiental y la Fiscalía estén cumpliendo con el papel que de estas instituciones se requiere, de manera que sean garantes de un adecuado funcionamiento de las instituciones gubernamentales, así como del cumplimiento del amplio y completo marco legal vigente, por parte de TODAS las personas naturales y jurídicas. 5.- Es necesario desincentivar la extracción de madera de los bosques naturales, y fomentar el establecimiento de una cultura duradera de cultivo de árboles en plantaciones, acompañada de las medidas correspondientes para garantizar la estabilidad de la actividad misma. De igual manera se requiere atender de forma urgente la problemática de la leña a nivel nacional. Siendo que la leña es un recurso de uso cotidiano para una gran cantidad de nicaragüenses, se hace necesario establecer e implementar una política clara de manejo leñero en el país, que asegure a largo plazo un abastecimiento a la creciente demanda, sin que esto signifique un incremento de presión sobre los bosques naturales y las áreas protegidas del país. 6.- El Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional deben apoyar a las instituciones gubernamentales en el cumplimiento tácito de lo que manda la ley, convirtiéndose en verdaderos vigilantes del cumplimiento del marco legal vigente en el país. 7.- Las Universidades deben ser llamadas a involucrarse de forma tangible y aplicada en la generación de información y conocimientos para el monitoreo de las áreas protegidas, los bosques naturales, la calidad del agua, así como de la biodiversidad nacional. Es necesario que las carreras que se ofrecen estén al servicio del país, y que todas investigaciones de grado que se generen tengan relevancia para la gestión del territorio nacional, sus recursos y la población. 8.- La mayoría del territorio de Nicaragua se encuentra en el mar. Se requiere incluir el territorio marino y sus valores naturales a la visión de país, y comprometer esfuerzos y recursos para un manejo adecuado de los mismos, ya sea declarando áreas protegidas marinas, actualizando el marco regulatorio existente, e incrementando el control sobre las actividades de extracción de recursos del mar, de acuerdo a los distintos compromisos asumidos por el país a nivel internacional. El Mar no debe seguir siendo visto como un proveedor infinito de recursos, por el contrario se debe fomentar un manejo adecuado, minimizando los impactos ambientales de la pesca y las actividades industriales, y promoviendo la conservación de la mayor superficie posible para evitar un deterioro similar al que hoy en día vivimos en tierra. 9.- Creemos que es tiempo de hacer un análisis sobre los diferentes compromisos que ha asumido Nicaragua a nivel internacional en materia de gestión ambiental para contribuir con ello a esta definición de una visión de país. Estamos convencidos que el modelo actual de gestión de las áreas protegidas reconocidas internacionalmente (Reservas de Biosfera, Humedales Ramsar) no está logrando avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua con diferentes instancias internacionales (UNESCO, RAMSAR, UICN, CITES). De igual manera, el modelo de producción agropecuario e industrial impulsado por el sector privado en el país, no está permitiendo un avance hacia la sostenibilidad ambiental, tal y como lo establecen los tratados de libre comercio suscritos. Recomendamos a los países signatarios de Tratados de Libre Comercio con Nicaragua, estudiar la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares ambientales para la producción asumidos por el país. 10.- Es necesario fomentar una nueva cultura ciudadana de respeto y sostenibilidad ambiental, la cual debe involucrar el sistema de educación formal, campañas de sensibilización a nivel nacional, así como el reconocimiento público a instituciones, personas, municipios, empresas o cualquier otro actor que de manera persistente promueva un nuevo grupo de valores ambientales enfocados a la conservación de nuestro patrimonio natural nacional. 11.- Se hace necesario inculcar en las nuevas generaciones, un compromiso de cuido de los recursos naturales y el ambiente, partiendo desde la educación formal a todos los niveles. 12.- Se debe incluir en la visión de país, con alta prioridad, la conservación de las múltiples lagunas cratéricas como reservas estratégicas de agua, destinando recursos humanos y presupuestarios adecuados para la gestión sostenible de las mismas.
Dado en la ciudad de Managua, a los 3 días del mes de Junio del 2016.
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